
Decia Winston Churchill, que
"el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones".Uno de los grandes retos que se plantean ante
la situación crítica de nuestra economía, es adelgazar el gasto público, reducir
el gigantesco agujero en las cuentas y el erario que suponen los
3.400.000 funcionarios que hay en nuestro país.El ministro británico de Economía, George Osborne, ha presentado el mayor programa de recortes presupuestarios del Reino Unido en décadas.
Un total de 500.000 funcionarios verán sus puestos eliminados en los próximos cuatro años.Esta Navidad,
100.000 de ellos han recibido una notificación del Gobierno en el que se les advierte de que su contrato finalizará el próximo mes de abril. A esto hay que sumar los 33.000 empleos públicos que se eliminaron durante los tres últimos meses del año.
La cuestión en España es muy simple : nuestro país no puede permitirse 20 grandes administraciones (entre el Estado y las Comunidades autónomas) con extensas burocracias y con ejércitos de funcionarios para administrar competencias que están duplicadas.
El Estado tiene cada vez menos competencias, pero sigue empleando a los mismos funcionarios. ¿Qué hacen, qué trabajo tienen?.
Por ejemplo, los funcionarios de Ministerios como los de Cultura, Sanidad y Vivienda. Ya hace tiempo que traspasaron todas las competencias a las comunidades autónomas, pero sus funcionarios siguen allí, inamovibles.Sólo sumando los funcionarios de esos tres Ministerios, nos da una cifra de 140.000.
Si miramos las estadisticas de empleo,
uno de cada seis ocupados trabaja para el Estado en el sentido amplio del término.

A 31 de de julio del año pasado había en España 2.659.010 funcionarios en sus distintos formatos, de los cuales el 50,6% trabaja en las comunidades autónomas y
sólo el 21,9% en la Administración central. El resto corresponde a las entidades locales y las universidades.
Lo paradójico, es que los hospitales y centros de salud
fallan por insuficiencia de especialistas, entre otros motivos. Por las mismas razones, los jueces no dan abasto a la hora de dictar sentencias en tiempo y forma (lo cual tiene consecuencias letales en términos económicos), y buena parte del fracaso escolar tiene que ver con la escasez de profesores.
Conforme avanza el modelo territorial autonómico, crece la proporción de funcionarios adscritos a una u otra región. En la última década, ha crecido cerca de un 30%. También su factura.
Dos de cada tres euros que se pagan, corresponden a las CCAA o a las entidades locales.
El
informe “El coste de la Administración Pública en España” de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona, afirmaba taxativamente que en nuestro país, el excesivo tamaño del modelo autónomico estaba lastrando la recuperación económica.
En ese sentido,
Fitch, en su último informe sobre
deuda soberana decía que todavía “
existe el riesgo de que algún otro miembro –de la eurozona- se vea forzado a pedir ayuda financiera”.
Además, el deterioro del acceso a los mercados de financiación para muchos de estos países está erosionando los fundamentales del crédito soberano”. Es la misma idea que plasmó hace poco
BofA Merrill Lynch en un informe:
“Es muy probable que Portugal yEspaña caigan en la red de ayuda soberana”.El verdadero agujero de la Administración está en el exceso (abuso/enchufismo) de puestos de confianza y de empresas privadas de capital público.
Hay varios miles de ellas que provocan un déficit de casi 50.000 millones de euros.
Un magma de fundaciones y empresas públicas que no computa en las estadísticas oficiales y que constituyen un sector público paralelo con controles muy laxos.
En Baleares, se llegó al punto de que este tipo de empresas controlaba el 80% de las inversiones del Gobierno. Y se dan paradojas como las del Ayuntamiento de Jerez , donde la oposición denunció que la alcaldesa del PSOE contaba con 26 asesores con unos honorarios de 2,4 millones de euros, al tiempo que planteaba un ERE.
¿Sobran policías? ¿Médicos? ¿Enfermeras? ¿Profesores? ¿Bomberos? ¿Guardias civiles?.Evidentemente,no. Lo que sobran son cargos de confianza de políticos, secretarios generales y subsecretarios y liberados de todas las administraciones.Hace unos días las declaraciones del nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF),
Isak Andic , fueron reveladoras : afirmaba que
los funcionarios deberían poder ser despedidos como cualquier trabajador de la empresa privada, además de su salario que debería tener una parte fija y otra variable. Todo ello con el objetivo de conseguir una Administración Pública más productiva y eficiente.
La cuestión es simple a estas alturas, y la pelota está en el tejado del próximo inquilino de la Moncloa;
¿será capaz Rajoy de acometer el recorte de un millón de funcionarios?.Notas:
El Estado español
prevé emisiones de hasta 94.000 millones de euros, de los que 47.200 millones serán deuda nueva, un 8,7% más que el año pasado. De esta forma, el saldo vivo de la deuda pública del Estado
alcanzará los 587.000 millones a final de año, el equivalente al 55,3% del PIB del país,
según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda.julioandradas@gmail.com