lunes, febrero 17, 2014

El genocidio vasco



El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) acusará a ETA ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad con un informe demoledor que cifra en 858 los asesinatos -de ellos, 24 son niños-, en 10.260 los asesinatos en grado de tentativa y en más de 200.000 el número de ciudadanos que tuvieron que huir del País Vasco por la persecución de los terroristas y sus cómplices. 

Desde un punto de vista jurídico, el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra se considera un delito de derecho internacional y no prescribe tal y como recoge la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 26 de noviembre de 1968.
La intención de COVITE es solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya que investigue a los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena -, y a destacados miembros de ETA -José Antonio Urritikoetxea "Josu Ternera", José Luis Eciolaza "Dienteputo", Tomás Elorriaga "Teo", Juan Cruz Maiztegui "Pastor", Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá- por crímenes de lesa humanidad.

El escrito presentado por COVITE es impecable, por que lo sucedido en el País Vasco encaja como un guante en lo tipificado como genocidio  y que se plasma en " los actos contra los derechos humanos también pudieran constituir un delito de genocidio al haber sido perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial". 

Por eso produce náusea y asco escuchar a dirigentes del PP vasco como  Arantza Quiroga, reclamar a  Mariano Rajoy apoyo e iniciativa para liderar políticamente la etapa post ETA, cuando ni la banda se ha disuelto, ni ha entregado las armas, ni han pedido perdón a las víctimas.

Tres años después de aquel anuncio de "alto el fuego permanente", tenemos a los proetarras en las instituciones, a criminales terroristas excarcelados bien por cesión del Gobierno - Bolinaga - bien por la aplicación de la sentencia de Estrasburgo  sobre la "doctrina Parot" y a unas víctimas desamparadas, arrumbadas a un lado de la cuneta por la Justicia que siguen clamando como una voz en el desierto "Dignidad y Justicia" para sus muertos.

 natpastor@gmail.com

domingo, febrero 09, 2014

El paseillo


A falta de enragés y sans culottes, el atrezzo en la rampa de los juzgados de Palma de Mallorca lo companían la extrema izquierda habitual portando banderas republicanas y demás parafernalia de chrigota chavista. Esperaban el paseillo de la Infanta como esperaban siglos atrás a los reyes y aristócratas sobre un carro abierto camino de la plaza de la Concordia, donde les aguardaba la cuchilla de la guillotina.
En ese tramo, el populacho  les arrojaba basura, tomates y fruta podrida, les escupía e insultaba.

Ha corrido el calendario pero los hábitos e intenciones sigue siendo los mismos. Por eso la Infanta bajó la rampa en coche, se apeó del vehículo con lunas tintadas y sonrió enigmática a la prensa que la aguardaba expectante para tomar constancia del momento.
Se frustró el paseillo, sí, y Cristina declaró ante el juez Castro como imputada, que es de lo que realmente se trataba. Superado el "timing" del showtime que llenó - y llenará en los próximos dias -, las tertulias vocingleras televisivas, lo único que queda es que el magistrado  dicte  auto de conclusión del procedimiento abreviado y decida -si no lo ha hecho antes -, si continúa implicando a la Infanta.

Visto lo acontecido, todo quedará en agua de borrajas. La Infanta Cristina  no se sentará en el banquillo de los acusados por delito fiscal porque ni el fiscal ni la acusación particular -en este delito concreto, que ejerce la Abogacía del Estado-, van a presentar cargos contra ella. Y la LECri es contundente en este apartado: sin acusación pública, ni acusación particular no se puede juzgar a ningún ciudadano.

Lo único pendiente en el sainete es qué personaje va a hacer de  Jean Varlet, famoso por arengar en los suburbios a los transeúntes desde una banqueta o tarima rodante.
Les queda la decepción de no haber visto a la Infanta zarandeada y vejada como la Pantoja a la salida de los juzgados de Málaga.

La bilis aguarda para mejor ocasión...

 natpastor@gmail.com

miércoles, febrero 05, 2014

La horda




 Legitimar la violencia, la coacción como medio de hacer política es un suicidio para cualquier sociedad democrática que se precie.
El totalitarismo se nutre de ellas y valaga como botón de muestra el discurso de Joaquín Maurín, secretario general del POUM, diputado por Barcelona en la candidatura del Front d'Esquerres,en las Cortes españolas el 16 de junio de 1936 . Auténticamente revelador.

Tan revelador -e inquietante- como el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  que ayer rechazó  el recurso de la fiscalía contra el archivo de la causa abierta por el escrache producido ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno.

Con toda la lógica jurídica, el fiscal sostenía que existieron delitos de amenazas, coacciones, manifestación ilícita, desórdenes y desobediencia a la autoridad por parte de los escracheadores. La querella fue en su día archivada por un juez al considerar que los concentrados no atentaron contra la intimidad de la vicepresidenta, sino que se limitaron a ejercer su derecho a la libre expresión y manifestación. Lo realmente desolador, es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se suma a las tesis del juez y en una pirueta peligrosísma que sienta jurisprudencia calificar el escrache como «un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos». 

El articulado del Código Penal  no deja lugar a dudas y deja negro sobre blanco que los hostigamientos en domicilios «son un delito de coacciones ejercida contra sujetos pasivos del delito o contra personas dependientes de él». Pues para el TSJM no sólo no es así, si no que califica estas conductas como «mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil».

Espero -y deseo - que cuando la horda se concentre ante el domicilio de un juez con pancartas, gritos e improperios, la judicatura siga considerando esos hechos «un mecanismo de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos».

Veremos entonces si siguen pensando lo mismo...

 natpastor@gmail.com