Niego la mayor

La aprobación del texto reformado del Estatuto de Andalucía tiene a casi toda la descastada casta política en un absoluto paroxismo. Han sido dos años de pérdida de tiempo, en los que se han dedicado a justificar sus sueldos sobre la base de una irrealidad -¿nacional?-, de algo que a los andaluces no les interesa ni ven necesario, en lugar de esforzarse por sacar a Andalucía de la pésima situación de retraso en que se encuentra y que, en definitiva, es por lo que deberían cobrar. Si se les aplicara el principio de permanencia en el puesto y cobro por resultados de cualquier empresa privada, ¿cuántos quedarían?.

Arenas afirma que tenía dos opciones: mirar para otro lado o intentar que la reforma no se convirtiera en un Estatuto de izquierdas (formándose de facto un Pacto del Tinell) y que se vendiera la idea de que la derecha (quizá se sienta mejor si lo llamo centro) no quiere a Andalucía. Ha optado por la segunda y, en mi opinión, no es lo correcto.

Ciertamente ha desconcertado a socialistas y comunistas, que esperaban su negativa, impidiéndoles la exclusión del PP. Intentaba frenar un intento de seguimiento de la corriente nacionalista y separatista que recorre la Nación, frenar una coartada a los catalanes, vascos, gallegos, etc., que -con Zapatero al frente- tratan de extender esta posición desintegradora de España para investirla con un halo de normalidad y constitucionalidad del que carece. Pero el problema radica en que su modelo de Estatuto, no va a servir como patrón. Es insuficiente para los nacionalistas y, para los que no lo somos, supera los límites de un ideario tendente a mantener un Estado con un mínimo competencial que garantice la unidad e igualdad interterritorial. Y ya me lo pueden pintar del color que quieran, que no.

Puede pensar Arenas que le rentará electoralmente, captando voto de centro izquierda. No estoy segura de ello; al socialista andaluz, máxime si está vinculado a cualquiera de los tentáculos o a la tinta de la Junta, no; y al resto, le lleva dando explicaciones desde la aprobación, porque sabe que no lo puede compartir. Se puede entender, pero no estar de acuerdo. Y no es ya una cuestión de realidad nacional o no, aconfesionalidad asimilida a laicidad, competencias tributarias o derecho a una muerte digna, es que no debería haber formado parte de este esperpento. Bastaba con haber dejado que PSOE e IU redactaran un texto copiado del catalán y recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

Considera que "mirar para otro lado" era lo más fácil. No lo creo. Habría conllevado una ardua tarea explicativa, didáctica, de defensa de una posición consistente en no permitir que se siga horadando el sistema constitucional del 78. Parece mucho más trabajoso y duro negarse a hacer algo innecesario e inútil -pues el actual Estatuto no está, ni de lejos, plenamente desarrollado-, que sólo sirve como coadyuvante a los promotores de reformas estatutarias que buscan soterradamente reformas constitucionales, sin seguir los protocolos previstos para ello. Y es mucho más compleja y costosa esta posición porque se encuentra con dos frentes: uno, la sociedad a la que se le tiene que explicar la negativa; otro, su propio partido, pues ¿cómo se va a oponer a la reforma si en las comunidades valenciana y balear las han llevado a cabo?.

Niego la mayor. El PP no debería haber participado en ninguna reforma estatutaria en el momento actual. Ahora mismo la situación es extremadamente delicada, hay demasiados ataques al sistema constitucional, y este Estatuto no va a servir de límite a nada. Estamos ante una competición entre comunidades, a ver quien logra más, y eso no hace sino debilitar al Estado, a España. Arenas tenía la salida de oponerse a esta vorágine desmedida. Su problema era el estar entre la espada y la pared; y no porque el Estatuto resultante fuera de izquierdas, o por la espina del 81, sino porque en un lado estaba su partido y en otro los socialistas-comunistas y sus medios de comunicación que se habrían encargado de machacarlo. Pero en la vida hay que ser valiente, y creo que sólo lo ha sido a medias; se ha enfrentado al contrincante político, mas no a su propio partido, y España necesita una fuerza recuperadora de su esencia.

Se trata de paralizar la descentralización ilimitada, porque no es sólo una cuestión competencial, sino de concepción de la Nación. España no se puede convertir en el resultado de sumar 17, es un todo; no se puede llegar a España por inducción, sino a las comunidades autónomas por deducción. Arenas tiene su parte de responsabilidad, indudablemente, pero la responsabilidad última reside en el PP y en Rajoy que es quien lo dirige.