Echando un vistazo a la situación del Reino Unido antes de 1979, antes de la victoria electoral de Margaret Thatcher, el panorama sindical no era muy distinto del que tenemos hoy día en España. Durante el mandato de la Dama de Hierro, el primer problema grave fue el relacionado con la huelga salvaje de mineros a partir de marzo de 1984.
Ya habían convocado tres huelgas generales, los enfrentamientos con la policía se cobraron decenas de heridos, la violencia indiscriminada se adueñaba de las calles hasta que Thatcher dijo basta, les plantó cara sin ceder un milímetro al chantaje y le infringió al movimiento sindical británico una derrota de la que todavía no se ha recuperado.
Desde hace dos días Madrid es un caos total. Dos millones de ciudadanos resultaron directamente afectados por una huelga salvaje del Metro, que provocó decenas de kilómetros de colas en las carreteras de acceso y un colapso absoluto en el centro de la capital de España.
Los sindicatos colocaron piquetes en las cocheras en el turno de mañana y de tarde, impidiendo la entrada a quienes no querían parar.
La causa del conflicto reside en que los 7.000 trabajadores del Metro se niegan a aceptar el recorte salarial que quiere imponer el Gobierno de Esperanza Aguirre, en cumplimiento del decreto ley de ajuste presupuestario, aprobado en el Congreso y que afecta a todo el sector público. La dirección de la empresa les ha ofrecido fórmulas para minimizar el recorte, pero los negociadores sindicales no sólo se han mostrado inflexibles sino que han hecho diversos alardes de fuerza. «Vamos a reventar Madrid», dijo Vicente Rodríguez, presidente del comité de empresa del Metro y jefe del sindicato de conductores, palabras que podrían suponer un delito de inducción al abandono del servicio.
Por si fuera poco, de manera obscenamente vergonzosa y que retrata el pelaje de los sujetos, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo apoyaron a los huelguistas y justificaron este paro salvaje con el argumento de que los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Trabajo eran «abusivos». Los dos dirigentes sindicales advirtieron que actuarán de la misma forma el próximo 29 de septiembre si la Administración dicta unos servicios que ellos consideren excesivos.
Esperanza Aguirre ha calificado, con razón, de «chantaje» esta actitud, subrayando que es intolerable que unos pocos puedan paralizar un área urbana con seis millones de habitantes y provocar graves daños económicos.
La guinda la pone el Gobierno de Zapatero - contra el que no se manifiestan los sindicatos - negando la colaboración de las fuerzas policiales y de Seguridad del Estado para evitar que se repita la coacción de los piquetes.
El Gobierno autonómico madrileño puso ayer en conocimiento de la Fiscalía la coacción de los piquetes y el incumplimiento de los servicios mínimos.
Lo sucedido encaja en lo tipificado en en el artículo 315 del Código Penal (coacciones), castigados con hasta cuatro años de cárcel, y de abandono del servicio público, tipificado en el artículo 409 y castigados con multa de un año.
La ley debe caer como un mazo implacable sobre los promotores de esta huelga ilegal,salvaje, política, vandálica y sectaria.
Los ciudadanos de Madrid no pueden ser rehenes de esta caterva.
