Militancia pura y dura

Se cumplía un siglo del día en que Pablo Iglesias se convirtió en el primer diputado socialista y, para celebrarlo, el PSOE cerró filas junto a Zapatero. Entre dosis de autoafirmación y terapia colectiva, la vieja guardia felipista con González al frente y el zapaterismo rampante se fundieron ayer en un intento de subir los ánimos entre las filas socialistas, mostrarse orgullosos de su pasado (madre del amor hermoso...) y lanzar un mensaje de unidad.

Felipe González no desperdició la ocasión de dejar claro por donde respira el PSOE: "Cuando las cosas van mal, militancia pura y dura".

Mientras la UE teme la quiebra de España y está preparando su rescate con el fondo de 750.000 millones aprobado hace unas semanas, como asegura la edición alemana del diario económico Financial Times, el socialismo se bunkeriza en un ejercicio de irresponsabilidad a toque de silbato.

Nunca en todo lo que llevamos de democracia hemos tenido un nivel tan bajo en cultura política y tan alto en confrontación y sectarismo, como del que hacen gala en las filas del PSOE.

Jamás han tenido los socialistas en su conjunto esta falta de talla, de inteligencia, de generosidad y de insensatez manifiesta.

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Más impuestos

Andalucia y Extremadura, reductos inmisericordes del socialismo, se han sumado al carro de las comunidades socialistas para subir impuestos.

Griñán, presidente andaluz, anunció la implantación de una tasa a los depósitos bancarios similar a la que ya existe en Extremadura, que ha decidido incrementar su cuantía en un 15%.

Va elevar el tipo máximo del IRPF a partir de 80.000 euros, mientras que Guillermo Fernández Vara, el bellotari extremeño, lo hará a partir de rentas de 60.000 euros.

La subida será progresiva hasta llegar a los tres puntos para los ingresos que superen los 120.000 euros en ambas comunidades.

Es evidente, incluso para profanos en lídes económicas, el nulo impacto recaudatorio de estás medidas, pero es que además se ceba de manera grosera y obscena sobre las rentas de trabajo más altas que ya están gravadas con un tipo del 43% mientras ignora y hace la vista gorda con las grandes rentas de capital o las SICAV.

La guinda de este pastel indigesto la pone ese impuesto sobre los depósitos, que supone un gravamen sobre el ahorro de los ciudadanos.

La propaganda y soflama progre argumenta que lo tendrán que pagar los bancos, pero resulta evidente hasta para un lactante, que las entidades financieras lo van a trasladar a sus clientes.

Y es que si hay algo evidente, es que aumentar la presión fiscal no es ni por asomo, la estrategia más adecuada para reactivar una economía deprimida, agonizante, en una situación en la que la mayoría de los ciudadanos han visto seriamente mermada su capacidad adquisitiva.

Y para más inri, estas medidas se producen en Andalucia y Extremadura, las regiones españolas más subsidiadas, con menor renta per capita, con mayor número de funcionarios y con mayor tasa de paro.

Son las dos únicas comunidades que reciben el PER, ese subsidio de paniaguados y de voto cautivo de 420 euros mensuales para quienes cumplan el requisito de 20 peonadas anuales.

El PER le cuesta al Estado 750 millones de euros al año, que se reparten entre los 150.000 andaluces y extremeños que lo cobran. Andalucia y Extremadura Imparables.

Eso sí: de reducir gasto, funcionarios, televisiones autonómicas, coches oficiales, altos cargos con vitola de amiguete y curriculum de aparcacoches, personal apuntado a la mamandurria y al trinque, asesores fantasmagóricos, ... de eso, ...nada.

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Fracaso

La huelga de funcionarios convocada por UGT, CCOO y CSIF en las administraciones públicas ha cosechado un sonoro fracaso y le ha proporcionado al Gobierno un balón de oxígeno en su intención de imponer mediante un decretazo la reforma laboral y la de las pensiones, tal y como le exige la UE.
Los ciudadanos pudieron comprobar que las consultas médicas funcionaban al igual que los colegios o el transporte público, lo que atestigua que la huelga no alteró el normal funcionamiento de los distintos servicios .
El fracaso de los sindicatos certifica que su capacidad de influencia sobre los trabajadores es nula, y que una década arrimados al pesebre, mudos y silentes ante la hemorragia de parados y la destrucción de empleo les ha pasado factura en lo referente a su exigua credibilidad.
Ejercer de palmeros a tiempo completo de Zapatero y su Gobierno ha provocado que la presencia anacrónica, fosilizada y vergonzante de una casta de liberados sindicales, de estómagos orondos y agradecidos, quede como fotografía sepia del desastre que ha sido (y aún es...) seis años de zapaterismo rampante.

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Funcionarios

El Gobierno alemán que preside Angela Merkel planea en el marco de su plan de ajuste un drástico recorte del gasto mediante la reducción de unos 10.000 funcionarios, así como una bajada salarial del 2,5% de media al resto de empleados públicos.

En España trabajan más de 3.000.000 de empleados públicos, por lo que en la actualidad hay uno por cada 16 habitantes.

Si bien para hacerse una idea del peso de este colectivo en el mercado de trabajo y, en general, en la economía española hay que decir que uno de cada seis ocupados en España trabaja para alguna de las tres administraciones públicas (estatal, autonómica o municipal), según los últimos datos oficiales del Ministerio de Administraciones Públicas correspondientes a este año.

Lejos de reducirse, el volumen de empleo público en España ha crecido en los últimos años, lo que da al traste con el deseo de frenar el aumento del número de funcionarios manifestado por los diferentes gobiernos que han ocupado el poder en los últimos diez años.

Ningún gobierno, a pesar de las promesas, ha conseguido frenar el crecimiento desmesurado de la maquinaria del empleo público.

Sin embargo, a este censo le falta otro medio millón de empleados públicos que sí detecta la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El caso es que en el registro oficial hay grandes ausencias. No figuran: los altos cargos de las tres administraciones (una central, 17 autonómicas y 8.000 municipales); los diputados y senadores; los que prestan sus servicios en los órganos constitucionales y en el Consejo de Estado; el personal de reserva de Defensa, Guardia Civil y Policía Nacional; el personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); y lo que es importante, ni los efectivos del millar largo de empresas públicas empresariales del Estado (incluidas TVE S.A. y RNE S.A. y las de los ministerios), de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que han encontrado en este sistema de crear S.A. -a veces de carácter mixto con el sector privado (la Ley les obliga a registrar al menos unos ingresos del 50% procedentes de facturación)- una fórmula para sacar de la contabilidad partidas de déficit (tienen contabilidad propia) que no incrementan la deuda pública.
Por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas sigue denunciando en sus fiscalizaciones la falta de transparencia en materia de personal, sobre todo de los ayuntamientos.

Extremadura es la comunidad autónoma que tiene en su conjunto (de las tres administraciones: central, autonómica y local) más funcionarios que nadie, proporcionalmente, sobre el número de asalariados privados. Así, mientras según la media nacional el 17,7% del total de los asalariados son empleados públicos, en Extremadura es el 33%.

Por número, Andalucía, con casi 700.000, es la comunidad con más funcionarios.

¿Hasta cuando puede permitirse España esta orgía y derroche?.

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Conversos

Si le preguntamos a un progre qué valores defiende, nos abrumará con una soflama plúmbea basada en el sentimentalismo grimoso, la simplificación y la demagogia más grotescos.
Tras la caída del Muro de Berlín, los herederos de la tradición de izquierdas ya no creen en nada, salvo claro está, el radicalismo, la subversión, el pensamiento sectario, los ataques a la Iglesia, la ausencia de una moral compartida, el hedonismo, el relativismo y el odio hacia todo aquello que conforma el acervo cultural, las tradiciones milenarias de nuestro pais.

Su actitud revolucionaria, su odio al capitalismo, su fascinación por los regímenes autoritarios de izquierdas (Castro o Chavez) es simplemente la antesala de lo que late bajo la máscara de una falsa tolerancia. Si discrepas sobre ello, pasas a ser un sujeto a eliminar civilmente, a ser estigmatizado y aniquilado.

Ante esto hay quien prefiere acomodarse al pensamiento hegemónico y pasar por "civilizado", pero también los hay quien decide bajarse del invento progre.
El último en apearse ha sido Andres Calamaro. En su visita a Andreu Buenafuente en un medio "pijiprogre" como LaSexta, Calamaro decidió leer un escrito, compuesto en un taxi según dijo, en el que mostraba su rechazo a la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.

Esta es la carta que leyó Calamaro ante el bufón Buenafuente:

Con solemnidad y no sin cierto pesar, renuncio con el estado televidente español de testigo a mi estatus de progre sospechado de rojo y libre pensador. Renuncio a la progresía porque quiero corridas de toros en Cataluña, quiero correrme en una fiesta de arte y muerte, verte correrte de buena suerte, es más: quiero que vuelva José Tomás a Barcelona de nuevo. No me muevo de mi respeto a las tradiciones y que los papelones los haga mi compatriota, que juntó a 40 firmas por la derrota de esta fiesta que pintaron Goya y Picasso.

"Por si acaso no quedó claro, le aclaro que hago bulto por la libertad de culto. Si prohibir es progresía y el progre es rabioso antirrobo, mi antojo es renunciar al progresismo ahora mismo".

Arrepentidos los quiere el Señor...

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Morro fino

"En España debemos estar orgullosos de la sanidad pública que tenemos" dijo el monarca tras ser operado para extiparle un nódulo pulmonar benigno.

El Rey precisó que la sanidad pública es igualmente buena "en Cataluña y en Madrid", (no sabemos si en Alpedrete también...), después de agradecer a los presentes y al equipo médico lo que han hecho por él.

El Hospital Clínic ha facturado unos 25.000 euros a la Casa del Rey por la estancia de Don Juan Carlos y de su séquito en la planta Barnaclínic, una factura que no incluye los gastos de la intervención quirúrgica a la que fue sometido y que corren a cargo de la sanidad pública.

La factura incluye la estancia del Rey y de su séquito en Barnaclínic y extras como la seguridad del hospital y de la entrada y salida de material, refuerzo del personal sanitario, horas extras de enfermería y un médico de guardia que estuvo a disposición del Monarca durante las 24 horas del día.

Vamos, lo normal en el tratamiento de cualquier hijo de vecino ya sea mileurista, parado de larga duración (gracias a Zapatero) chabolista o indigente que acude a Cáritas.

Las mismas fuentes han precisado que la factura no incluye los gastos de quirófano, la operación, la anatomía patológica, la enfermería normal del hospital, gastos que van a cargo de la sanidad pública.

También se se improvisó una sala de recepciones oficiales en la que el Rey recibió varias visitas como las del presidente del Gobierno o del de la Generalitat, José Montilla.

Nada extraordinario. Lo común y ordinario para cualquier ciudadano que se vea en la tesitura de caer en manos de la Seguridad Social.

Atención personalizada, trato exquisito, nada de listas de espera ni masificaciones...

Pues si, Majestad,...en España debemos estar orgullosos de la sanidad pública que tenemos.

Manda...

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Una reforma light baja en calorías

El Gobierno no tiene ninguna esperanza en un acuerdo tripartito con empresarios y sindicatos y ya tiene lista la reforma laboral, el decretazo que llevará al Consejo de Ministros previsiblemente el próximo viernes 11 de junio para que, este mismo mes, sea convalidado por el Congreso de los Diputados.

Antes, lo paseará por el Eurogrupo y Ecofin para que le den el visto bueno.

Y es que los mercados siguen sin fiarse de Zapatero.

Los inversores llevaron ayer la prima de riesgo hasta un nuevo máximo histórico como reacción al nuevo retraso de la puesta en marcha de la reforma del mercado de trabajo y el temor ahora es que el Ejecutivo no se atreva a enfrentarse a los sindicatos y apruebe una reforma light que no solucione el gravísimo y dramático problema del desempleo.

Por otra parte, la situación del sistema financiero sigue pendiente de un hilo: Fitch bajó la calificación de Sabadell, Bancaja y la CAM y S&P puso en revisión negativa la de Caja Madrid por el «impacto negativo del debilitamiento de la economía española» y su exposición al sector inmobiliario.

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