La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto este martes en el que comunica a los ex presidentes de la Junta, Griñán y Chaves, que hay abierto un procedimiento en el que podrían resultar imputados.
Técnicamente, lo que hace Alaya, es instruir derechos a las citadas personas, lo que en la práctica constituye su imputación, ya que se les urge a nombrar procurador y abogado para personarse en la causa, si así lo estiman.
En el mismo auto, Alaya también comunica la misma situación a los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila; José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.
En mi opinión, Alaya no tiene por qué remitir aún el suplicatorio ante el Tribunal Supremo - en el caso de Chaves y Viera-, ni ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -en el caso de Ávila, Martínez Aguayo, Vallejo, Recio y el propio Griñán-, ya que la propia Audiencia de Sevilla le ordenó expresamente a la juez que "apure y depure" el proceso antes de darle curso ante instancias judiciales superiores, no sin antes -si se daba el cas-, de informar de su situación a los aforados que pudieran verse implicados en el proceso.
Y eso es exactamente lo que ha hecho hoy martes, la juez Mercedes Alaya.
Y es que el 'fondo de reptiles' -la celebérrima partida 31L de los presupuestos de la Junta de Andalucía- va a ser la piedra al cuello que va a arrastrar a los ex presidentes Griñán y Chaves al banquillo de los acusados junto a toda su cohorte de ex consejeros.
De esa partida se pagaban las subvenciones a las empresas y a los trabajadores para que se prejubilaran en un remedo de compensación a través de las denominadas 'ayudas sociolaborales'. Fue el ex director general de Empleo, Javier Guerrero -el del chófer de la coca- el que en una declaración ante la Policía se refirió a esa partida como un "fondo de reptiles" del que se sacaba dinero sin ninguna clase de controles. Una cantidad de fondos que supera con creces los 700 millones de euros.
Si tomamos en consideración que todas las ayudas concedidas de la partida 31-L son absolutamente ilegales al tramitarse sin el procedimiento previsto en la Ley de Subvenciones, el fraude de los EREs supera los mil millones de euros , tal y como lo refleja el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.
Y eso, sin contar que la Guardia Civil ha calculado que los comisionistas e intermediarios -como el ex sindicalista de UGT, Juan Lanzas- podrían haberse embolsado al menos 50 millones de euros.
La juez Alaya ha decidido la imputación de todo el organigrama económico y político de la Junta de Andalucía que ha manejado los hilos del poder absoluto durante diez años.
Jaque mate.
natpastor@gmail.com
4 comentarios:
Si Rubalcaba o Pepiño no han visto el banquillo ni de lejos, supongo que a éstos les va a pasar otro tanto.
Todo lo que esta pasando en España es de cuento de hadas, o empiezan a meter gente en la cárcel
o tendremos que tomar los españoles, la justicia por cuenta nuestra,o hacen una limpieza, o no vamos a poder vivir en nuestras casas, nos roban a mano armada y todos en la calle tan felices.
Este es el mayor acto de corrupción de toda nuestra democracia. A Rubalcaba se le llena la boca con el nombre de Bárcenas. Pero el caso de Bárcenas con ser extremadamente grave e inaceptable, es calderilla al lado de los EREs.
Pero los principales responsables de este y de los demás casos en que hay políticos implicados, procuran cubrirse bien las espaldas con el aforamiento, para que sedan los jueces que ellos mismos han colocado.
No obstante Mercedes Alaya, se merece todo nuestro respeto y admiración.
Saludos
El problema es que como mucho pagarán los platos rotos unos cuantos mindunguis ,no devolverá el dinero ni Dios, y los demás de rositas y a seguir trincando que para eso se han metido en política.
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