Yo acuso

Bajo estas líneas se reproduce íntegra la intervención del director de EL MUNDO ayer, en la presentación del libro 'Titadyn'.
Siguiendo el guión del célebre 'J'Accuse' de Émile Zola, Pedro J. Ramírez acusa a los 18 cargos policiales y judiciales cuya actuación ha impedido que se conozca lo que ocurrió el 11-M.





El 10 de enero de 1898, el prestigioso biólogo Émile Duclaux, director del Instituto Pasteur, publicó una carta en el diario parisino Le Siècle con la que abría lo que podríamos llamar el frente científico del caso Dreyfus. Sostenía que se había condenado a un inocente, denunciando la falta de rigor de la instrucción sumarial, la ligereza de la sentencia y la actitud de las autoridades, a las que presentaba encerradas en una cueva para no recibir la luz que podían aportar las pruebas caligráficas, el análisis químico de los documentos o el cálculo matemático de probabilidades.
Aunque sea imposible determinar cuál fue el impulso decisivo, es evidente que este gesto estuvo entre los detonantes de la mucho más extensa y célebre misiva que tres días después Émile Zola publicó en L' Aurore con el título de J'Accuse. Si la ciencia entraba en liza en pos de la verdad, ¿cómo no iban a hacerlo la literatura y el pensamiento crítico?

Ni Antonio Iglesias está al frente de una gran institución pública -aunque méritos no le faltarían para ello- ni yo soy el Pedro Zola que para bien o para mal pintan algunos. Pero, a cambio, su aportación científica a la causa del esclarecimiento de lo ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004 es mucho más concreta que la de monsieur Duclaux, y yo supliré con constancia y empeño mis menores dones literarios.

En todo caso, desde el momento en que conocí el minucioso trabajo de este químico perfeccionista y abnegado, me pareció que era nuestro deber moral contribuir a divulgarlo para que el mayor número posible de ciudadanos tengan elementos de juicio tan decisivos como los que constituyen sus conclusiones.

Yo no sé lo que ocurrió el 11-M y el trabajo de Antonio Iglesias tampoco lo desvela. Pero sí demuestra que lo que no ocurrió es lo que dice la sentencia, porque en todos los restos de los focos se halló dinitrotolueno y en el único que no había sido lavado con agua y acetona se halló nitroglicerina, dos componentes que están en el Titadyn y no en la Goma 2 ECO. Por lo tanto, es científicamente imposible, químicamente imposible, molecularmente imposible por mucho que lo afirmen la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que «toda o gran parte de la dinamita [que estalló en los trenes] procedía de Mina Conchita», porque en Mina Conchita había Goma 2 ECO, pero no Titadyn.

La otra gran aportación de este trabajo son los sólidos indicios de la manipulación policial de la investigación, brillantemente realzados por el texto de Casimiro García-Abadillo, que más que un prólogo es una auténtica hoja de ruta del estado de la cuestión. Puede decirse, pues, que gracias a este libro ya sabemos por culpa de quiénes no sabemos lo que ocurrió en el 11-M o, al menos, por culpa de quiénes las posibilidades que un Estado democrático tiene de averiguar la verdad sobre un atentado político de esa magnitud quedaron infamemente disminuidas.

Poner ahora a esas personas en la picota pública no sólo es un acto de justicia compensatoria, sino que constituye posiblemente la última esperanza de reactivar la maquinaria de las instituciones e intentar limpiar -como escribió Zola- «la mancha de cieno» que ensucia nuestra dignidad nacional.

Por eso, igual que hizo él hace 111 años -ojalá nos traiga suerte tan perfecto capicúa-, yo acuso.

YO ACUSO al entonces comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales, al transgredir los protocolos sobre recogida y almacenamiento de restos, al asumir unos análisis que no le habría correspondido realizar, al no poner a disposición de la Policía Científica los fragmentos obtenidos en los focos de los trenes, al predeterminar la investigación con la muestra patrón de la Goma 2 ECO de la que presuntamente salió también el explosivo colocado en la Kangoo y al proporcionar al juez Del Olmo, a la Comisión de Investigación parlamentaria y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea, perjudicando una y otra vez la búsqueda de la verdad de lo ocurrido.

YO ACUSO a la perito química de los Tedax con carné profesional 17.682 de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales, al no redactar y entregar a sus superiores un informe por escrito especificando los componentes de la dinamita que identificó en los análisis realizados en el laboratorio de los Tedax durante el mediodía del 11 de marzo de 2004 y al destruir la disolución en agua y acetona de los restos empleados, impidiendo así toda posterior verificación.

YO ACUSO al entonces comisario jefe de la Policía Científica, Carlos Corrales, de incumplimiento de sus deberes profesionales al no reclamar de forma fehaciente la entrega de los restos de los focos de los trenes para su análisis en su laboratorio tal y como era preceptivo.

YO ACUSO al entonces subdirector general de la Policía, Pedro Díaz Pintado, y al entonces comisario general de Información, Jesús de la Morena, de incumplimiento de sus deberes profesionales al consentir expresa o tácitamente que el jefe de los Tedax no entregara a la Policía Científica los restos de los focos de los trenes.

YO ACUSO al general Félix Hernando, responsable de la UCO de la Guardia Civil, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con incumplimiento de sus deberes profesionales, al transmitir a la Comisión de Investigación parlamentaria, al juez instructor y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea sobre la investigación de la trama de explosivos en Asturias y el papel de sus confidentes en la misma, y al dar presuntamente instrucciones a su subordinado el alférez Jaime Trigo para que tratara de destruir la nota informativa que demostraba esa falsedad.

YO ACUSO al alférez de la UCO Jaime Trigo de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas al dirigirse al entonces segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, Francisco Javier Jambrina, y pedirle, según su testimonio judicial, la destrucción de la nota que dejaba en evidencia a su superior Félix Hernando.

YO ACUSO al actual comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y a sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la manipulación y ocultación de pruebas al «alterar» de «forma inveraz» -tal y como ha establecido la Justicia- un informe pericial que podía contradecir la versión oficial de lo ocurrido, dejando patente que -al margen de la propia trascendencia de dicho informe- existía una consigna política para orientar la investigación en una única dirección.

YO ACUSO al mando de la Policía Científica Alfonso Vega, jefe de la pericia ordenada por el tribunal del 11-M, de entorpecer la acción de la Justicia al poner trabas al trabajo de sus compañeros y al alentar en su propio informe al tribunal las más extravagantes teorías para tratar de justificar la aparición en los análisis de componentes químicos que echaban por tierra la versión oficial de los hechos.

YO ACUSO al juez Juan del Olmo de grave negligencia e incompetencia profesional al permitir la destrucción de pruebas esenciales como los propios trenes, al no asegurarse de que la Policía hubiera cumplido los protocolos establecidos para el análisis de explosivos, al concluir la instrucción sin tan siquiera contar con una prueba pericial de lo que estalló en los trenes, al permitir el incumplimiento de las normas de custodia de las pruebas, al orientar unidireccionalmente las investigaciones y al perseguir con saña sin «ponderación, mesura ni equilibrio» a los dos policías que podían poner en evidencia algunos aspectos irregulares de las mismas, tal y como acaba de establecerlo la Justicia.

YO ACUSO al juez Javier Gómez Bermúdez de negligencia profesional, al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos; de inconsistencia intelectual, al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas del resultado de la prueba pericial por él mismo encargada; de incoherencia personal, al defraudar las expectativas por él mismo alentadas cuando comunicó a las víctimas que algunos policías irían «caminito de Jerez»; de frivolidad, imprudencia y posible revelación de secretos, al colaborar en el libro de su esposa sobre el juicio, y de manipulación política, al hacer una presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. Vergüenza sobre vergüenza.

YO ACUSO a los jueces Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás de negligencia profesional, al suscribir los graves errores materiales de carácter fáctico incluidos en la sentencia, al respaldar las inconsecuencias del ponente en relación al resultado de la pericia de explosivos y al respaldar pasivamente su presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia.

YO ACUSO a la fiscal del caso, Olga Sánchez, y a su superior directo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de negligencia profesional e incumplimiento de las obligaciones que se derivan del Estatuto del Ministerio Público al impulsar una investigación unidireccional, ceñida a la conveniencia del Gobierno, y desdeñar el valor probatorio de la evidencia científica mediante expresiones como: «En los trenes estalló Goma 2 ECO y vale ya» o «Da igual el explosivo que se utilizara».

No, no da igual el explosivo que se utilizara porque si, tal y como se deduce del riguroso trabajo del químico Antonio Iglesias, lo que estalló fue Titadyn, es muy probable que algunos inocentes hayan sido condenados y no cabe duda de que hay grandes culpables en libertad, pues nadie ha sido juzgado y condenado por suministrar este explosivo.

No, no vale ya. Por seguir ciñéndome a la estructura e incluso a las palabras literales de aquel artículo de Zola, en cuanto a estos 18 funcionarios públicos a los que acuso, «debo decir que ni les conozco, ni les he visto nunca, ni siento particularmente por ellos rencor ni odio. Les considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario [yo elegiría un adjetivo más modesto, pues, no en vano, la democracia ha progresado en los 111 años transcurridos] de activar la explosión de la verdad y de la justicia».

Zola concluía de forma impactante y melodramática: «Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente».

Yo suscribo ese mismo espíritu de lucha por la verdad y, por supuesto, como siempre, asumo las consecuencias de la libre expresión de estas opiniones. Pero, dicho sea con toda franqueza, aspiro a que los juzgados sean ellos.

Yo sólo puedo acusarles ante el tribunal de la opinión pública pero confío en que todos estos indicios, pruebas y argumentos estimulen a quienes están legitimados para ello a iniciar las acciones pertinentes para que todas o al menos algunas de estas 18 personas deban rendir cuentas de sus actos en el plano profesional, administrativo o eventualmente penal. Sólo procediendo contra ellos podremos ahora recorrer el camino inverso de las piedras de Pulgarcito hacia el origen de los hechos y las fuentes de la verdad.

«Así lo espero».

sempietnos@hotmail.com