Vaya por delante que el hecho de que se filtren y difundan entre los medios de comunicación datos de una declaración judicial constituye un delito. Es inadmisible que datos o conversaciones telefónicas de un sumario decretado secreto, se vean publicados en la portada de un diario causando una indefensión y una humillación irreparable en los imputados en cuestión.
Grande-Marlaska abogó en su dia por reformar la normativa sobre el secreto del sumario y ampliar las posibles responsabilidades penales a los periodistas.
"Que no haya una regulación seria y que no sepamos dónde nos movemos, está llevando a que los jueces sean muy restrictivos sobre el secreto, o lo contrario: que lleguen a publicarse en un periódico conversaciones telefónicas contenidas en el sumario y que no pase nada", indicó Grande-Marlaska
El magistrado puso como ejemplo un caso que protagonizó; "tenía un testigo protegido en un caso de terrorismo islamista en fase de instrucción, y apareció su foto y nombre real en un periódico. Y yo no podía actuar contra el periodista, porque no hay sanción penal posible. Lo denuncié a la comisión de deontología de la Asociación de la Prensa, y lo archivaron. Y si eso no era una vulneración de la deontología,¿qué lo es?" .
El proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno de Rajoy y la comisión de expertos creada por Gallardón propone una limitación de la publicidad del proceso penal. A juicio de muchos periodistas, esto es una implantación que reintroduce la censura.
La idea de Gallardón y de la comisión es otorgar al juez y al fiscal la capacidad para ordenar que deje de difundirse información en la fase de instrucción e incluso durante el juicio oral. Una exigencia que sería extensiva -como no podía ser de otra manera- a todos y cada uno de los intervinientes en el proceso judicial – ya sean imputados, letrados o testigos– y también a los medios de comunicación.
A mi me resulta incomprensible que haya periodistas que amparándose en el sacrosanto "derecho a la libertad de expresión e información", pretendan vulnerar la potestad incuestionable del juez para declarar el secreto de una investigación sumarial.
Se amparan en una aberración -a mi juicio -, consistente en dar prevalencia al derecho a la información sobre la revelación del secreto de sumario.
Una cosa es el derecho a la información que tiene todo ciudadano en una sociedad democrática, y otra muy distinta, vulnerar el secreto sumarial. La tutela judicial efectiva implica el derecho a que el imputado en cuestión no se entere de su imputación a través de los medios de comunicación.
El derecho a la libertad de información,por tanto, se ve limitado por otros derechos como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, y el derecho al honor que se ve lesionado cuando, sin causa justificada, se divulga una información sometida a secreto de sumario.
natpastor@gmail.com
8 comentarios:
No son pocos los periodistas que se remiten constantemente a SUS derechos mientras violan los derechos de los demás.
El problema es que se saben impunes, porque normalmente hay intereses politicos defendidos por alguien del arco parlamentario.
La justicia no existe desde el momento que esta tutelada y controlada por el ejecutivo y la casta política. De ahí, a periodistas violando secretos sumariales, no hay ni siquiera un paso, un leve cabeceo, el del marques de turno dando su permiso.
No todo es válido para la libertad de expresión, y hay que tener en cuenta que lo que se juega en un proceso es la libertad de los enjuiciados.
Natalia: quizás no toda la culpa sea de los periodistas y sí en gran parte de una Justicia podrida que ha perdido el norte; a la que se le han subido las puñetas hasta el punto de olvidar su condición de funcionarios y se pasan por las mismas (paradójicamente como juristas)la Ley de Protección de Datos y su condición de servidores públicos en su afán de supernovas mediáticas.
Resulta increíble que un periodista, sin colaboración interior interesada, obtenga datos de un sumario secreto, lo publique y no pase absolutamente nada: las puñetas togadas tienen la Ley en su mano y la utilizan a su antojo.
Si se filtrara a la prensa o a un contenedor de basura el Historial Médico de un famoso o anónimo, rodarían cabezas (tanto en la Sanidad pública como en la privada) y los jueces serían los primeros en cortar la cuerda de la guillotina en nombre de la Justicia.
Habrá que hacer limpieza entre nuestros "togados", que arrastran mucho fango en los bajos de su indumentaria ¿no te parece?
Un saludo.
Pues a mí me parece una gran idea, se protege a los acusados y posibles delincuentes de juicios paralelos y también se protege la libertad de los jueces y fiscales para la toma de decisiones sin influencias externas. La libertad de expresión no debe estar por encima de la libertad de juicios justos. U abrazo
A mi personalmente me hace mucha gracia cuando aquellos que constantemente reclaman sus derechos a expresarse libremente, vulneran repetidamente los derechos ajenos....y es que en este pais se confunde con complice facilidad la tipica frase " libertad y libertinaje"
Querida Natalia. El problema viene de la excesiva intimidad entre políticos, jueces y periodistas desde los albores de la Transición. Los límites no se marcan y se desata la confusión.
http://lapelucadejovellanos.blogspot.com.es
"el derecho al honor que se ve lesionado cuando, sin causa justificada, se divulga una información sometida a secreto de sumario."
Eso, en caso de que lo publicado figure efectivamente en el sumario; peor aún si se trata de una invención/deformación del periodista, impune pues, lógicamente, el juez no va a poder salir diciendo que no es así, precisamente, por el secreto del sumario.
Totalmente de acuerdo en este tema, aunque la ley debería también elevar las penas a jueces y funcionarios que comunican, cuando no venden, la información confidencial o bajo el secreto de sumario a los periodistas, porque en definitiva la fuente está en los juzgados.
El derecho a informar bien, pero al secreto de confesión, no. No comprendo que se pueda publicar un hecho delictivo sin pruebas ocultando la identidad del denunciante.
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