Conde-Dolido

El fiscal particular de Moncloa considera no haber alcanzado suficiente notoriedad tanto en el caso De Juana como en el de Otegi. En el primero, modifica su petición de condena de 96 a 12 y, finalmente a 4 años (que quedan en 3), y la decisión política -que no jurídica- adoptada por el Gobierno, cuando menos calificable de alegal, rayana en la ilegalidad, la Fiscalía la apoya como si fuese un trámite ordinario, habitual. En el segundo, ha sido directamente la Fiscalía quien ha impedido que se juzgara al etarra, modificando la calificación, de modo que lo que inicialmente eran hechos constitutivos de delito, en la repetición del juicio por defecto de forma (no de fondo) pasan a no serlo. Por arte de proceso de negociación, el tiempo muta las consecuencias jurídicas de los mismos actos.

Cándido Conde-Pumpido se convierte en artífice de esta agresión al Estado de Derecho, incumpliendo su obligación constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Él, al igual que Ibarretxe, se considera por encima de la ley pudiendo, por tanto, ajustarla a sus necesidades (la realidad social, decía). Las normas se aplican a los ciudadanos de a pie, con rigor si no son terroristas -pues no tienen nada que ofrecernos a cambio- y con la máxima dureza si además son de signo ideológico o político distinto del del actual Gobierno. Al menos daremos gracias porque, de momento, no utilice el criterio Grandes, Almudena, quien desearía fusilar a algunos. Si bien es cierto que ya han extendido (entre el Gobierno, el Psoe, PRISA y los nacionalistas) una oleada de odio furibundo al discrepante, traducido en una patada ayer a un dirigente de Foro Ermua (gracias por estar ahí, deuda impagable), junto a la continua cascada de todo tipo de menosprecios, desprecios o agresiones verbales que podría llegar a torrente de violencia, visto que hay policía, como la autónoma vasca, dispuesta a no cumplir la función a que está obligada: proteger al agredido, no al agresor. Y el Ministerio del Interior aún no se ha movido al respecto, como tampoco se mueve noticia alguna por su parte sobre qué explosivo se utilizó en la T-4 o quiénes perpetraron el atentado.

Conde-Pumpido deja la toga en el despacho y se despacha en los micrófonos de la cadena SER en la que la mentira tiene premio, cuanto mayor, mejor pagada y, sobre todo, nadie la desmonta. Siguiendo la misma estrategia de los terroristas, trata de mostrarse como víctima perseguida y acosada, lo cual justificaría su atrabiliario ataque. Se une así a la labor pirómana de extender el fuego de la discordia. Acusa de amenazas a los que no comparten su decisión (¿quién le ha amenazado y con qué?. Denúncielo; si no, estará calumniando, injuriando con acusaciones falsas, sr. fiscal).

Afirma que se siente presionado y que le mandan a los falangistas ante la sede de la Fiscalía. Primero, nadie manda a nadie. Aquí no hay autobuses fletados y bocadillo, como en las manifestaciones que otrora organizaban el Psoe o algunos sindicalistas. Segundo, los "mandaos" quizá lo sean aquellos que se presentan en las manifestaciones o concentraciones convocadas por Foro de Ermua, AVT, o PP, con banderas distintas a la vigente, en un fallido intento de contaminarlas (y aunque no estén, El País siempre las encuentra; eso sí, manipulando imágenes). Tercero, ¿de qué falangistas habla?. Lo que puede encontrar son falanges, falanginas y falangetas; las de las manos de los manifestantes o concentrados, siempre que no se las hayan volado los atentados etarras. Pero mentir, es gratis.

¿Quién genera crispación, Cándido?. No sólo se dirige contra asociaciones, partidos y ciudadanos en general, también contra jueces y magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional. Denuncia que han hecho dejación de funciones por no aplicar el art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando dicho artículo no resulta de aplicación. La única dejación de funciones es la suya propia, y no sólo en este caso. Su decisión, de hecho, ha sido criticada -desde todos los foros jurídicos y judiciales- por no hallarse justificación técnico-jurídica que la avale. Quien únicamente lo ha respaldado es el ministro de Justicia, el que considera ilegítimo al CGPJ, esto es, un criterio imparcial, ecuánime y fiable. El mismo ministro que aduce la absolución de dos imputados como justificación de la de Otegi, cuando es sabido que son independientes las unas y la otra.

Se recrimina asímismo que no es de recibo que los jueces y magistrados critiquen la actuación del fiscal en la sentencia, no se recuerda precedente alguno. Lo inadmisible es que el Ministerio Público impida que los jueces desarrollen su acción, cambiando injustificamente una calificación. Es de agradecer que los magistrados hayan hecho constar expresamente su disconformidad con lo sucedido, como demostración a los atónitos ciudadanos de que ellos no están en la tarea de demolición del Estado de Derecho, de sometimiento de la ley a un proceso de negociación en el que se está dispuesto a rendirlo todo ante los terroristas, a través de "gestos" del Gobierno que alteran el normal curso de las norma democrática de separación de poderes.

El fiscal particular de Moncloa asevera, como el Gobierno, que no recibe instrucciones de este último. En este extremo, tiene toda la credibilidad. En efecto, no hacen falta puesto que sigue los mismos principios rectores, por eso le nombraron para sustituir al defenestrado Fungairiño: está tan dispuesto como el Ejecutivo a incumplir la legalidad en aras de lograr el objetivo marcado. Y, luego, acusar a quien critica la tropelía, presentándose como inmolado doliente.