El fin nunca justifica los medios

Por “razón de Estado” se entiende, desde que Nicolás Maquiavelo acuñó el término, la adopción de medidas excepcionales por parte de un gobernante con objeto de preservar el interés de una nación, bajo el presupuesto de que dicho interés prevalece sobre otros individuales o colectivos.
El uso de la llamada “razón de Estado” -es decir, una eventual protección de los intereses de un país decidida unilateralmente por alguien, aun en contra de los principios básicos que rigen en un Estado de Derecho-, es una de las manifestaciones más peligrosas que puedan existir.

Más aún, cuando esa "razón de Estado" es invocada por jueces que se arrogan a sí mismos la capacidad de ejercer o interpretar esa “razón”, sin ningún tipo de escrúpulos.
Estos individuos son fácilmente identificables en todas las épocas y lugares, tienen un déficit de convicciones democráticas, y -normalmente-, están investidos de tanto poder que escapan a cualquier control. Y ahí es dónde radica su enorme peligro.

El jueves quedó visto para sentencia en el Supremo el asunto de Garzón sobre las escuchas ilegales en la trama Gürtel, por las cuales está imputado por prevaricación.

Garzón ha insistido en justificar el pinchazo de las conversaciones de los letrados con sus defendidos alegando que era «la única medida posible» para evitar el blanqueo de dinero.
Los abogados espiados han señalado, que la ley «no permite relativizar los derechos constitucionales de los ciudadanos en función de quiénes son o de la gravedad de los delitos que se le imputan», así como que no se puede privar a nadie el derecho a «hablar de forma confidencial y en secreto» para preparar su defensa «por muy rechazables que sean sus conductas».

Y es que tal y como le señaló uno de los letrados a Garzón, lo realmente grave es que el magistrado se escudara tras la «razón de Estado» para conculcar derechos: «Esa es la excusa de los tiranos», remató citando a Voltaire.

El asunto no pinta nada bien para el otrora juez estrella.En la vista oral no consiguió desmontar los indicios que le han hecho sentarse en el banquillo por delitos de prevaricación y vulneración de garantías constitucionales a la defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente . El propio Garzón ha reconocido que esas garantías y el derecho de defensa estaban en juego y que aún así mantuvo las escuchas.

Y es que en su megalomanía y soberbía, Garzón ha olvidado un asunto fundamental, clave, más aún cuando atañe a un juez y a la administración de Justicia : que el fin nunca justifica los medios.

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